Morelos es el único estado de la región central de México que no ha despenalizado parcialmente el aborto. Forma parte de las siete entidades federativas que siguen sin dar ese paso, lo que no desmotiva a organizaciones y colectivas que insisten en legalizar el servicio de salud mediante la vía judicial.
Apenas la semana pasada se abrió una nueva posibilidad para esa lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo promovido por dos médicas de la entidad, que podría ser un precedente para la despenalización por la vía judicial, dada la oposición del Congreso local a legislar en la materia.
Este es uno de los primeros recursos promovidos en todo el país por personal de salud. A pesar de que se han ganado más de cuatro amparos de diferentes tipos, el Congreso y el Poder Ejecutivo no han dado respuesta, por lo que la SCJN es el único camino que le queda a Morelos, una entidad que en los últimos años enfrenta el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres.
Aunque colectivas feministas han ganado más de cuatro amparos ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo dan respuesta. Foto: Cuartoscuro
"Esperamos mucho esta decisión y la verdad celebramos que se haya atraído, porque nos da una posibilidad de continuar el avance para que en algún momento suceda la despenalización en Morelos", comenta en entrevista Ninde MolRe, de la organización AbortistasMX. "De ganarse este amparo, el primer efecto va a ser directo hacia las doctoras, ya no les van a aplicar los tipos penales que prohíben el aborto", agregó.
La solicitud de reasunción de competencia 156/2026 del Estado de Morelos fue analizada el jueves pasado por la SCJN, que definió atraer el asunto, lo que le permitirá abordar un "ángulo crucial", desde la perspectiva del personal de salud, activistas, colectivas y organizaciones que impulsaron el recurso: la protección y no criminalización del personal de salud que atiende y acompaña a quienes deciden abortar.
Morelos, advierten, no es el único estado que todavía enfrenta barreras, vacíos legales e incertidumbre jurídica al garantizar servicios de salud esenciales, como el aborto. Por ello, atraer el asunto permitirá sentar un criterio que reafirme que ninguna legislación local puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos humanos.
Tampoco es una acción única. Aunque los esfuerzos vienen desde antes, los últimos cinco años la Marea Verde los ha destinado a intensificar en la entidad acciones para lograr la despenalización: la primera, buscar al Ejecutivo y Legislativo que les han cerrado las puertas, incluso con una orden judicial y excusas para evadir el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
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Por otro lado, organizaciones y activistas han ganado al menos cuatro de los seis amparos que han interpuesto, pero imposibles de materializar con nula voluntad política. Además, han tomado las calles, los micrófonos, las escuelas y la prensa para exigir su derecho. "Hoy, el amparo de las doctoras Estela Kempis y Andrea Sánchez representa una luz de esperanza en nuestra lucha", apunta la Marea Verde.
Como en los últimos años, México llega a este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, con un escenario nacional aún dispar. Aunque diversas resoluciones de la SCJN consideran inconstitucional penalizar el aborto, cada entidad debe reformar sus leyes locales para garantizar su acceso legal y libre, al tratarse de un servicio de salud que sigue siendo considerado un delito en los códigos penales locales, por lo que se persigue en el fuero común.
En 2007, la Ciudad de México fue pionera en despenalizar parcialmente el aborto voluntario, es decir, hasta las 12 semanas de gestación. Gradualmente, se sumaron Oaxaca en 2019, y en años posteriores Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima (2021); Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo (2022); Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y Chiapas (2024), y en 2025 Nayarit, Chihuahua, Campeche, Tabasco, Yucatán y Tlaxcala.
En Aguascalientes el aborto se despenalizó parcialmente hasta la semana 12 en diciembre de 2023, mediante reformas legislativas ordenadas por la Suprema Corte. Sin embargo, en agosto de 2024, el Congreso de ese estado redujo el plazo a las primeras seis semanas gestacionales. La SCJN ya ha pospuesto dos veces durante este año la discusión sobre la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024, que impugna la reducción de semanas.
El aborto voluntario sigue penalizado en su totalidad —cada estado contempla excepciones por causales específicas— en Morelos, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Durango.
Despenalizar el aborto en Morelos, un pendiente. Foto: Cuartoscuro
"Nosotras, como campaña Aborto Legal Morelos, hemos hecho mucho trabajo para lograr avanzar en el tema: hemos tomado las calles, hemos hecho marchas, realizado actividades culturales, fiestas, conciertos, y otro tipo de actividades, pero no hemos logrado avanzar", reclama en entrevista Tania Osiris, de la colectiva Divulvadoras y la campaña Aborto Legal en Morelos.
Añade que han trabajado con el Poder Legislativo mediante reuniones y foros, pues les pidieron diálogo, y han tratado de responder a cada asunto que se les ha señalado como necesario. Además, han tenido reuniones con la Secretaría de Salud, que refiere estar brindando el servicio en caso de violación —garantizado en todo el país por la NOM-046.
"Hay puntos que sí están avanzando, pero hay otros en los que no se ha avanzado, ese es para nosotras el tema: por más trabajo que hemos hecho con las autoridades, la gobernadora firmó una agenda feminista con más de 50 colectivas del estado antes de que fueran las elecciones, y uno de los compromisos era despenalizar el aborto cuando ella iniciara sus funciones en caso de que ganara", recuerda Tania Osiris.
Si bien la titular del gobierno morelense, Margarita González Saravia, se ha pronunciado abiertamente en favor del aborto, el estado no ha cumplido una resolución previa emitida hace un año por la SCJN, que indica que la gobernadora y la Secretaría de Salud deben realizar acciones tendientes a despenalizar el aborto, incluyendo la posibilidad de presentar una iniciativa de ley; protege a las 48 personas que promovieron el amparo colectivo para que no se apliquen los artículos que criminalizan, y al mismo tiempo ordena al órgano de salud llevar a cabo talleres de sensibilización, campañas informativas y capacitaciones.
"Ganó (González Saravia) y nos dijo que sí, y al final no se hizo nada. También tenemos paridad en el Congreso. La mayoría es del partido de izquierda que gobierna el país, ya hemos hablado con cada uno de ellos, de ellas, nos han dicho que sí, hay un amparo que dice que se debe despenalizar, hay un montón de puntos cubiertos para que se despenalice el aborto, para esta cuestión legal y no se ha avanzado", añade Tania Osiris.
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Como en muchos otros estados con despenalización y sin ella, las colectivas feministas de Morelos organizan y mantienen redes de acompañamiento informativo y para brindar el servicio. Aun cuando no hacen tanta difusión al respecto, la activista ejemplifica que hay meses en los que llegan 10 solicitudes para una colectiva en dos semanas, mientras que otros pueden ser cinco, por lo que las cifras se mantienen muy variables.
Por otro lado, la Secretaría de Salud reporta la existencia de diez clínicas y hospitales que aplican la NOM-046 para casos de violación. Sin embargo, persisten los obstáculos debido a que personal médico se rehúsa a realizar el procedimiento o cobra tarifas elevadas.
Morelos suma 134 carpetas de investigación abiertas por aborto entre 2015 y agosto de 2026, 11 en lo que va de este año. Sin incrementos o descensos significativos en años particulares —la suma más alta es de 22 en 2017—, el promedio ha sido de 11 investigaciones abiertas al año en la última década, sin que se conozcan detalles sobre las consecuencias específicas en cada caso. Sin embargo, en todo el país la criminalización a menudo comienza mucho antes, desde el primer contacto con el personal de salud.
En el terreno legislativo, se han impulsado diversas iniciativas de ley desde 2020: una en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos local que no prosperó; una presentada en 2021 que no alcanzó la mayoría necesaria; otro proyecto posterior que no se sometió a votación, y un texto elaborado en 2024 junto con la Secretaría de la Mujer y Abortistas MX que careció del respaldo de alguna legisladora para su presentación.
Aunque uno de los dictámenes cuenta con aprobación en comisiones, no ha sido llevado al pleno del Congreso debido a disputas políticas, al periodo de aprobación presupuestal y a la proximidad de procesos electorales.
La exigencia no se detiene. Foto: Cuartoscuro
La activista atribuye la falta de avances a la carencia de voluntad política e institucional. "No ha habido interés en poner por encima de cualquier otra cosa los derechos humanos de las personas con capacidad o con posibilidad de gestar más bien", asegura.
Adicionalmente, señala la presencia de un sector religioso antiaborto, intereses económicos vinculados al Ejecutivo, y un entorno generalizado de violencia y feminicidios agravado durante los últimos tres o cuatro años. "Ya hicimos todo en la calle, ya hicimos todo en los espacios legislativos, en el espacio del Poder Judicial, ya hablamos con todas las personas que teníamos que hablar", reclama.
La nueva esperanza de Morelos, radicada desde el jueves pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene varios antecedentes, explica Ninde MolRe en entrevista. El primero es la sentencia del máximo tribunal de 2021 relativa a Coahuila, donde se declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto voluntario.
Desde entonces, Abortistas MX promovió una serie de juicios individuales, firmados por personas con posibilidad de gestar, que impugnaban en los estados donde no se había legalizado el aborto, sobre la base de que la sola existencia del aborto como un delito vulneraba sus derechos humanos.
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Las autoridades con frecuencia eran reticentes a conceder el amparo porque se trataba de personas no embarazadas al momento de presentarlos, por lo que concluían el asunto sin analizarlo de fondo, pues "la norma no les afectaba directamente". Después de varios casos, en 2023 la SCJN les dio la razón mediante una contradicción de criterios que derivó en el reconocimiento, de forma preventiva, de que la sola existencia del tipo penal afectaba los derechos de las personas.
A partir de entonces se promovieron otros amparos colectivos de origen diverso, que incluso derivaron en la despenalización parcial en determinados estados por orden de la SCJN, pero lo que no había ocurrido —advierte MolRe— eran casos promovidos directamente por personal de salud, un proyecto piloto que se inició en Jalisco, cuando todavía no se despenalizaba el aborto, al que siguió Morelos.
"Esta vez fue la parte médica la que visibilizó que se están violando sus derechos laborales, pero también hay una criminalización cuando ellos buscan proteger el derecho a la salud, porque en sus estados está prohibido el aborto voluntario", explica la abogada y activista.
En Morelos se presentaron dos amparos en específico: uno de la doctora Sharon, que se ganó en instancias locales, y los casos de las doctoras Andrea y Estela, en los que se solicitaba una suspensión provisional para que la posibilidad de violar los derechos humanos no continúe, es decir, que no fueran criminalizadas desde un principio y pudieran dar el servicio durante la resolución del amparo.
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En consecuencia, la primera instancia judicial —el juez de distrito— negó el amparo, ante lo cual se promovió una queja donde se manifestó que se violaban los derechos de las doctoras, y finalmente el Tribunal Colegiado decidió enviarlo a la SCJN al no existir un antecedente de ese tipo, en el que se solicitara una suspensión, y menos por criminalización al personal de salud.
En un primer momento, la SCJN determinó que en este tipo de juicios sí debe otorgarse desde el inicio la suspensión provisional, por lo que el amparo regresó a Morelos, donde estaba pendiente el recurso de revisión; entonces, se hizo la solicitud de atracción de la SCJN, junto con otro juicio de Sonora, un caso similar, para empujar otras vías de despenalización.
"Dado que en Morelos no están dando avances ni el Congreso ni el Ejecutivo, a pesar de que se han ganado más de cuatro amparos de diferentes tipos, necesitamos apostar al que probablemente sea el único camino que nos queda: la Corte. Básicamente va a analizar las normas penales que criminalizan el aborto, pero desde la mirada del personal de salud y cómo esto también vulnera a las personas con posibilidad de gestar", apunta MolRe.
De ganarse en la SCJN, el primer efecto directo sería hacia las doctoras, a quienes ya no les aplicarían los tipos penales que prohíben el aborto; además, en la sentencia se darían argumentos para fortalecer el juicio de Sonora y otros, y se abriría la puerta a una declaratoria general de inconstitucionalidad.