Andrés Quevedo, viceministro General del Ministerio de Hacienda, aseguró que Colombia enfrenta una situación fiscal crítica y que el primer paso de la actual administración ha sido sincerar las cifras y reconocer las obligaciones que, según explicó, no estaban adecuadamente incorporadas en las cuentas públicas.
Durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Quevedo sostuvo que la situación fiscal que encontró el Gobierno es, a su juicio, la más difícil que ha enfrentado el país. El funcionario señaló que el propósito de la administración no es concentrarse únicamente en los problemas heredados, sino avanzar en medidas que permitan corregirlos.
"El mensaje que queremos transmitirles es que no es una tarea solo de gobierno, es una tarea de país", afirmó.
Según el viceministro, durante los primeros 55 días de la administración se inició un proceso de "sinceramiento de la información" fiscal, bajo dos principios que considera fundamentales para recuperar la confianza: el respeto por los recursos públicos y la seguridad económica y jurídica.
Quevedo afirmó que el Gobierno busca transmitir que los recursos públicos son "sagrados" y que el manejo responsable de las finanzas debe convertirse en uno de los ejes de la política económica.
Uno de los principales indicadores mencionados por el funcionario fue el déficit primario de 3,5%, que calificó como un nivel no tolerable. Según Quevedo, se trata del mayor déficit primario registrado fuera de un periodo de pandemia en la historia reciente del país.
El viceministro comparó la situación actual con la registrada durante la pandemia, cuando Colombia y otras economías enfrentaron simultáneamente una caída del recaudo, mayores necesidades de gasto y dificultades financieras asociadas con el endeudamiento.
Sin embargo, sostuvo que, una vez superada esa coyuntura internacional, Colombia no redujo el gasto público como, según su exposición, ocurrió en otros países.
A juicio de Quevedo, esa dinámica terminó elevando la percepción de riesgo sobre la economía colombiana y, como consecuencia, incrementó el costo del endeudamiento. El funcionario señaló que el país llegó a niveles históricamente altos de deuda y que buena parte de esa deuda fue contratada cuando las tasas de interés eran elevadas.
El resultado, explicó, es una mayor presión sobre el gasto público por el pago de intereses y un escenario que podría seguir deteriorándose si no se toman medidas.
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la composición del gasto público. Quevedo afirmó que el incremento de los gastos de funcionamiento durante los últimos cuatro años contrastó con el comportamiento de la inversión pública.
Según el viceministro, el problema no consiste únicamente en cuánto se gasta, sino en el destino de esos recursos. En su interpretación, el aumento del gasto se concentró en funcionamiento y no permitió generar las condiciones suficientes para incrementar la inversión y el crecimiento económico.
Quevedo sostuvo que Colombia necesita "sembrar para cosechar" y cuestionó que se hayan asumido obligaciones sin contar, a su juicio, con una financiación adecuada para atenderlas posteriormente.
En ese contexto, explicó que el Gobierno tuvo que reconocer diferentes compromisos que no estaban contemplados de manera suficiente en el presupuesto inicial.
El viceministro se refirió al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno por $634,9 billones.
Según Quevedo, el proyecto inicial no incluía varias obligaciones contraídas previamente, entre ellas pagos relacionados con universidades públicas y parte de los costos asociados con la nómina.
También señaló que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) estaba por fuera del balance presupuestal, lo que, según su explicación, representaba un desfase superior a $9 billones.
El funcionario sostuvo que también se tomaron decisiones relacionadas con el incremento del salario mínimo sin incorporar de manera suficiente sus efectos fiscales, particularmente sobre la nómina pública.
Por estas razones, afirmó que el Congreso devolvió el proyecto de presupuesto y que el Ministerio de Hacienda tuvo que incorporar los rubros que consideraba necesarios para reflejar de manera más realista las obligaciones del Estado.
Quevedo destacó que el presupuesto presentado posteriormente ya contemplaba un recorte de $17 billones frente al escenario que habría resultado de incorporar todas las obligaciones sin realizar ajustes adicionales.
El viceministro señaló que el proceso de ajuste fiscal contempla una segunda etapa relacionada con nuevos recortes al gasto.
La intención, explicó, es reducir el peso del gasto público, especialmente el destinado a funcionamiento, para evitar que el sector público continúe desplazando recursos que podrían ser utilizados por el sector privado.
Quevedo utilizó el concepto de crowding out para describir este fenómeno. Según su explicación, un sector público con un gasto elevado puede limitar el espacio disponible para la inversión privada y afectar la asignación de recursos dentro de la economía.
En esa línea, afirmó que el Gobierno deberá tomar decisiones complejas sobre el gasto adicional para 2026, aunque no detalló durante su intervención cuáles serán los sectores específicos afectados.
Quevedo vinculó la situación fiscal con otros componentes de la economía, entre ellos la inflación y las tasas de interés.
El viceministro sostuvo que el aumento del gasto público ha tenido efectos sobre las presiones inflacionarias y señaló que Colombia mantiene una inflación superior a la de varios países de la región.
También atribuyó parte de las presiones inflacionarias al incremento del salario mínimo aplicado durante la administración anterior, al considerar que este tuvo efectos sobre la inflación y las expectativas.
Al mismo tiempo, destacó la actuación del Banco de la República. Quevedo afirmó que la autoridad monetaria ha desarrollado su gestión de manera cuidadosa y profesional y expresó su respeto por la independencia y la institucionalidad del banco central.
El funcionario explicó además que el elevado gasto público puede tener efectos sobre la política monetaria y cambiaria. Para describir esa interacción utilizó el concepto de "dominancia fiscal", con el que se refiere a la influencia que las decisiones fiscales pueden ejercer sobre otros componentes de la economía.
Para Quevedo, el ajuste fiscal no puede limitarse a reducir el gasto. El otro componente de la estrategia debe ser recuperar el crecimiento económico mediante un aumento de la inversión.
El viceministro afirmó que Colombia registra actualmente uno de sus niveles de inversión más bajos desde 1975 como proporción del PIB y consideró que esa situación debe revertirse.
Según su exposición, para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 4% se requiere que la inversión supere el 23% del PIB, nivel que, aseguró, no se ha alcanzado.
En este escenario, planteó que el sector privado debe asumir un papel más importante como motor del crecimiento, dado que el sector público enfrenta restricciones fiscales que limitan su capacidad para seguir expandiendo el gasto.
"Si queremos solucionar el problema fiscal, tenemos que reconocer el problema, tenemos que disminuir el nivel de gasto, pero tenemos que crecer", señaló.
El viceministro identificó cuatro sectores como motores potenciales del crecimiento económico: minería y energía, agroindustria, servicios e infraestructura.
Según Quevedo, el Plan Nacional de Desarrollo deberá establecer mecanismos que permitan impulsar estos sectores y generar mayores niveles de inversión.
Su expectativa es que Colombia pueda alcanzar tasas de crecimiento superiores a las observadas actualmente y convertirse, en sus palabras, en el "siguiente milagro económico".
Quevedo reconoció que América Latina no ha tenido históricamente un proceso de crecimiento comparable con los llamados milagros económicos asiáticos, pero sostuvo que Colombia cuenta con posibilidades de avanzar hacia un mayor crecimiento si combina liderazgo, inversión, responsabilidad fiscal y una participación más activa del sector privado.
El viceministro también hizo un llamado a los gremios empresariales para acompañar este proceso y aseguró que la administración busca superar el escenario de desconfianza entre el sector público y el privado.
Durante su intervención, Quevedo también se refirió al terremoto ocurrido recientemente en Colombia, que, según relató, se produjo cuando llevaba aproximadamente media hora en el Ministerio de Hacienda.
El funcionario calificó el impacto del desastre como dramático y señaló que la emergencia ha obligado al Gobierno a incrementar la coordinación y el trabajo entre las distintas entidades.
Como parte de la respuesta, explicó que fueron expedidos decretos legislativos destinados a proporcionar herramientas para atender la emergencia y, posteriormente, avanzar en la reconstrucción.
Sobre el costo económico del desastre, Quevedo señaló que se han manejado estimaciones que van desde $15 billones hasta $50 billones. Sin embargo, advirtió que el Gobierno todavía considera necesario esperar a que las cifras se consoliden antes de establecer un monto definitivo.
El viceministro insistió en que la administración está dispuesta a adoptar las medidas necesarias para atender la emergencia y destacó que el terremoto no afectó únicamente a una región, sino que representó una situación que involucró al conjunto del país.
Quevedo cerró su intervención con un llamado a asumir el ajuste fiscal y la recuperación económica como una responsabilidad compartida.
El funcionario sostuvo que el Gobierno no puede resolver por sí solo la situación fiscal y que será necesario el acompañamiento del sector privado, los gremios y otros actores económicos.
La estrategia planteada combina, de acuerdo con su exposición, tres frentes: reconocer la situación fiscal, reducir el gasto público y crear condiciones para elevar la inversión y el crecimiento. "Solo no podemos, tiene que ser un trabajo como colombianos", afirmó.
En ese sentido, el viceministro aseguró que la administración busca generar condiciones de seguridad económica y jurídica para que las empresas puedan invertir y asumir un papel más relevante en la expansión de la economía.
El objetivo, concluyó, es recuperar la confianza, ordenar las finanzas públicas y generar las condiciones para que Colombia pueda crecer a mayores tasas sin depender de una expansión sostenida del gasto público.
*Enviado especial a Cartagena, por invitación de Fasecolda.
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